La Ley de la Economía Sostenible y la Propiedad Intelectual «sostenida»
publicado el 11 enero 2010
Categorías: Normativa / Opinión / Propiedad Intelectual
Después de un fin de semana de reuniones de internautas, revuelo en la red, declaraciones un tanto desafortunadas y nieve, mucha nieve,que nos ha dejado a todos delante del ordenador; hoy se ha publicado, despúes de un anuncio (como en los buenos seriales dejando la resolución de la serie para próximos capítulos y así crear expectación) del Consejo de Ministros una nueva revisión del anteproyecto de Ley de la Economía Sostenible. Triste que en esta Ley se esté discutiendo más de sostener la propiedad intelectual de algunos que del que se presuponía el verdadero alcance de la misma: otorgar al Estado un nuevo modelo de economía. El Gobierno, al parecer, lo ha querido así.
Me niego a pensar que este anteproyecto podrá ser finalmente aprobado tal y como nos lo han dado a conocer en sus 2 versiones. Tal y como perfectamente comentó ayer nuestro compañero Andy Ramos una simple modificación de la Ley de Propiedad Intelectual o de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información haría factible todo lo que están o dicen que están buscando: acabar con la supuesta piratería en Internet. Sin embargo, el texto planteado genera muchas dudas y crea problemas nuevos que tendrán que solucionarse (¿quien pretenda causar un daño patrimonial?).
En grandes rasgos, si es que todavía alguien no conoce el alcance de la propuesta, el Gobierno pretende:
– Asimilar la protección de la propiedad intelectual a la salvaguarda del orden público, la seguridad pública y la defensa nacional. Así como la protección de la juventud y la infancia entre otros principios y derechos fundamentales.
– Crear un organismo administrativo, en este caso una Comisión de Propiedad Intelectual a la que dotar de mecanismos para la salvaguarda de la protección de la propiedad intelectual.
– Modificar la normativa del procedimiento contencioso administrativo para dar supuesta tutela judicial a las actuaciones de la Comisión.
A priori me resulta, todo este entramado jurídico planteado, demasiado costoso (no olvidemos que el entramado corre a cargo de las arcas del Estado) y rebuscado para solventar un problema que no es tal. ¿Merece la pena proteger la propiedad intelectual y sostener un modelo de negocio obsoleto a costa de poner en peligro demás derechos fundamentales? Señores, estamos hablando de enlaces, de enlazar contenidos, que puede en muchos aspectos cruzar la delgada línea que separa proteger la propiedad intelectual de la libertad de expresión u otros derechos. Sí, habrá un juez que lo vigile, pero, a priori, tendrás que defenderte…
No quiero entrar a valorar ahora la formación de la Comisión, como el interés público decae por intereses paticulares, la modificación incluso de una Ley Orgánica, la cesión de datos a la Comisión, la aplicación técnica de la misma, etc. Veremos como queda el texto a su paso por los trámites parlamentarios.
Por lo demás, me uno a las críticas y comentarios impecables que realiza David Maeztu.